El
proceso de diálogo social que se está llevando a cabo ha vuelto a poner
en el centro del debate a las cotizaciones sociales pero, una vez más,
se hace de forma bastante desenfocada y por eso creo que es más
importante que nunca tener algunas ideas claras al respecto.
La
patronal reivindica constantemente su rebaja y los economistas más
cercanos a las tesis liberales tratan de demostrar que las cotizaciones
sociales son un factor negativo para el empleo y, en general, para la
actividad económica.
No es fácil poder demostrar taxativamente
la relación entre cotizaciones sociales y niveles de empleo (salvo
quizá en el caso de segmentos específicos del mercado de trabajo)
porque en la determinación de los niveles de empleo y paro siempre
influyen un conjunto de factores adicionales que no es fácil conjugar
en los modelos lineales y elaborados sobre postulados bastante rígidos
que se emplean en el análisis económico.
Pero tampoco hace falta
utilizar modelos muy sofisticados para demostrar lo evidente: cuanto
más caro sea el factor trabajo, más retardatarias serán a la hora de
emplearlo las empresas que solo puedan competir mediante costes
reducidos. Lo contrario de lo que ocurre con las empresas innovadoras y
que se pueden permitir soportar costes más elevados porque son capaces
de competir a través de vías distintas a la de utilizar factores
baratos y poco productivos para tratar de vender lo que producen a
precio más bajo.
La conclusión, por tanto, será elemental: a las
empresas españolas que apuestan por esta última estrategia para
penetrar en los mercados (o para obtener beneficios extraordinarios),
es cierto que las cotizaciones elevadas le supondrán rémoras
importantes. Como las suponen también costes más elevados de energía,
de transporte o de cualquier otro tipo. Si a las empresas que no tienen
capacidad de competir innovando, mejorando su calidad u ofreciendo
productos más atractivos a la demanda, le suben las cotizaciones,
tendrán más dificultades y si se las bajan, más ventajas para conseguir
beneficios. Es elemental.
Pero la pregunta es si lo que necesita
la economía española es incentivar ese tipo de comportamiento
empresarial o si, por el contrario, lo que hay que hacer es crear
condiciones que incentiven un uso diferente de los recursos, y entre
ellos el del trabajo, que no esté dirigido solo a ahorrarse costes sino
a ganar mercados de otra forma, a ser más productivos y a obtener
beneficios sin tener que empobrecer a los propietarios de esos recursos
productivos. Sobre todo, cuando la retribución de uno de ellos, el
factor trabajo, es a la postre la que garantiza que se pueda vender una
gran parte de lo que se produce.
Como no se hace este último
planteamiento, se sigue hablando en España de las cotizaciones sociales
como un impuesto sobre el trabajo que pagan las empresas, como un
simple coste que hay que reducir para que la carpetovetónica forma de
competir que predomina en las empresas españolas salga adelante.
Y,
puestos a considerarlo como un impuesto, la cuestión se traduce
entonces en determinar si es el mejor tipo impositivo o si debe ser
sustituido por otro. Es ahí cuando aparece otro de los juegos de manos
que utilizan quienes defienden estas posiciones: como en España las
cotizaciones son muy elevadas y nuestro IVA está aún por debajo de la
media europea, lo que debemos hacer es reducir las cotizaciones y subir
si acaso un poco el IVA, para que así no se resientan del todo los
ingresos del Estado.
¡Menuda trampa! Veamos. Las cotizaciones
sociales no son un impuesto: ¡son salario! No un salario directo como
el que a final de mes reciben los trabajadores pero sí una renta que
les proporciona ingresos diferidos (cuando se destinan a financiar las
pensiones) o indirectos (si financian la sanidad, el desempleo, etc.).
Por
tanto, lo que hay que tener claro cuando la patronal reclama reducir
las cotizaciones sociales es que lo que pide es sencillamente reducir
los salarios de los trabajadores para obtener más beneficios. No digo
que no sea lógico o legítimo sino que es eso lo que significa su
demanda.
Y cuando se dice que lo que se debe hacer es reducir
las cotizaciones compensando con subidas del IVA la pérdida de ingresos
públicos, lo que se está proponiendo es, primero, que los trabajadores
ganen menos y, segundo, que además sean ellos en su gran mayoría los
que asuman la compensación en los ingresos a través del impuesto
indirecto vinculado al consumo que realizan. Por así decirlo, que ganen
doblemente menos.
Otro juego de manos consiste en comparar las
cotizaciones sociales y el IVA españoles con los europeos y no tener en
cuenta el nivel general de imposición o el gasto público y social que
no solo condicionan el bienestar de los ciudadanos directamente sino
también indirectamente en la medida en que son los factores que pueden
contribuir a crear una dotación de capital social que permita innovar y
competir de otro modo.
¿Por qué se fijan sólo en que las
cotizaciones sociales españolas son muy altas y no hablan de que el
impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha convertido en uno
sobre el trabajo por cuenta ajena, de la imposición sobre el
patrimonio, de la inversión en I+D+i, en educación o en cualquiera de
los demás componentes del gasto social?
La razón es fácil. Las
grandes empresas españolas, y sobre todo las que controlan las
organizaciones patronales, están contentas con la situación actual en
la que pueden disponer o desprenderse fácilmente de trabajo barato y
poco cualificado (el 70% del total), generar altísimos niveles de
costes externos sin tener que hacerse cargo de ellos y disfrutar cada
vez de mejores condiciones para negociar y moverse en los mercados.
Tienen márgenes elevadísimos gracias a ello y al poder de mercado que
les proporciona una administración demasiadas veces cómplice o pasiva,
y tributan menos que en otros lugares. Se conforman con ello pero están
imponiendo al conjunto de las empresas y a la economía y la sociedad en
general un modelo productivo insostenible.
Así que aquí lo que
hay que hacer es hablar claro. ¿Creemos que lo que hoy conviene a la
economía española es que los trabajadores ganen menos y los
propietarios del capital más?
La patronal debería hablar claro
y tratar de convencernos de que lo mejor es que el modo en que ha
crecido nuestra economía siga así siempre y, por supuesto, que nos
demuestre que eso es posible sin producir daños ambientales
irreversibles, conflictos sociales e incluso la quiebra de millones de
pequeñas y medianas empresas que lo que en realidad necesitan es
demanda efectiva que no puede venir, en su mayor proporción, más que de
salarios directos, indirectos y diferidos suficientes.
La
patronal está haciendo un ejercicio de irresponsabilidad histórica al
actuar con tanta ceguera o con tanta falta de escrúpulos. Limitarse a
tratar de ahorrarse salarios mediante la reducción de las cotizaciones
sociales no es solamente algo que perjudique a los trabajadores. Es una
estrategia suicida para la inmensa mayoría de las empresas porque solo
conviene a las que tienen un poder de mercado que no estará nunca al
alcance de todas. Además, están defendiendo una demanda que debilita a
la seguridad social, que es lo que busca el lobby bancario para
favorecer así el negocio privado, incluso por la vía radical del
establecimiento de un sistema de capitalización privado. Así la
patronal le hace también el peor de los favores a millones de pequeños
y medios empresarios.
La patronal no solo se pone enfrente de
los sindicatos, o del gobierno como quieren hacer creer. Se está
situando enfrente de toda las sociedad manteniendo una postura ciega y
radical que lo único que busca es aumentar los privilegios de los más
ricos para ganar más y para quitarse de encima los impuestos que
contribuyen al sostenimiento de la sociedad, una estrategia que en
ningún otro país ha dado resultados que no sean los de empobrecer a
todos y frenar la modernización de la economía.
