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Un proyecto de ley aprobado hace unos días por el Gobierno español prevé dedicar una parte de las reservas de la Seguridad Social a inversiones en bolsa. Es un paso más, antisocial y muy arriesgado, hacia la privatización del sistema de pensiones públicas que es lo que desean los grandes grupos financieros.
Desde hace unos años, en España se estableció que las pensiones públicas y otros gastos de la seguridad social se financiarían no con cargo general a los presupuestos del Estado (como debería ser) sino con cargo a las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores (bien directamente o indirectamente a través de los empresarios que dejan de pagarle esa parte en su sueldo).
En contra de lo que auspiciaban los informes (casi todos ellos financiados por los grandes bancos para utilizar sus resultados como excusa para justificar su progresiva privatización) que habían previsto catastróficos déficits, la Seguridad Social española ha generado un enorme superávit que se estima alcanzará los 50.000 millones de euros en 2010.
Puesto que se había establecido como acabo de decir que la seguridad social y su financiación fuese aparte del conjunto de los gastos de Estado, éste no aplica los superávits a financiar otros gastos sino que los “guarda” en forma de “reservas” y éstas las venía invirtiendo en títulos de renta fija, principalmente del Estado español aunque también de otros como Alemania y Francia, como forma de obtener de ellos una ligera rentabilidad (en torno al 4%). Rentabilidad únicamente financiera y distinta de la rentabilidad social que debiera buscarse utilizándolos directamente en la financiación de proyectos sociales (aunque eso se consigue indirectamente cuando se financian títulos públicos españoles, como en parte venía ocurriendo hasta ahora).
Sin embargo, el gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá que una parte de esas reservas se destinen a invertir en fondos de renta variable, es decir, acciones de empresas que cotizan en bolsa y cuyo rendimiento se modifica en función de las condiciones del mercado.
El proyecto cuenta con el apoyo de la patronal y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y con el informe favorable del Consejo Económico Social en donde sus representantes son mayoría.
El Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, se ha adelantado a los temores y críticas que suscita el proyecto de ley señalando que sólo afectará al 10% de las reservas, un porcentaje reducido en comparación con el de otros países (en Francia es alrededor del 56% y casi del 70% en Irlanda, por ejemplo) y sorprendentemente mucho más bajo que el que se había anunciado que se alcanzaría cuando patronal y sindicatos negociaran con el gobierno (¿quizá porque el Ministro Solbes está mejor informado y sabe que la bolsa pasará por momentos de gran inestabilidad y pérdidas en los próximos tiempos, como no es difícil adivinar?).
Los defensores de los intereses bancarios, los que ven bien el protagonismo y privilegio que hoy día tiene la actividad financiera especulativa y los que creen que la lógica del puro mercado es la única y mejor guía para las decisiones sociales estarán muy satisfechos con el proyecto del gobierno. Pero quienes pensamos que los intereses colectivos y las necesidades sociales deben estar por encima de los privados, debemos criticar y denunciar este proyecto porque significa un paso más hacia la negativa privatización del sistema de pensiones públicas en España.
La pretensión del gobierno significa una expresa renuncia a las ventajas de la inversión pública y, para colmo, implica asumir un riesgo financiero nada desdeñable. Y todo ello a cambio solamente de un poco más de incierta rentabilidad monetaria y, eso sí, de proporcionar suculentos beneficios a las financieras privadas que gestionarán la inversión y a los burócratas de la patronal y los sindicatos que previsiblemente se aprovecharán de este nuevo paso privatizador.
En mi opinión, el proyecto es muy negativo y perjudicial para los intereses sociales, y principalmente de los sectores más desfavorecidos, por varias razones entre las que creo que se pueden destacar las siguientes:En primer lugar porque se justifica en una búsqueda de la rentabilidad que responde a una filosofía financierista y antisocial. Es cierto que en inversiones de renta variable se obtiene más rentabilidad pero, por un lado, asumiendo mayor riesgo; y, por otro, entendiendo como rentabilidad solamente el rendimiento privado y no el que considera los costes y los beneficios sociales de la inversión.
Lo que va obtener el gobierno de esta forma será más rentabilidad de cartera pero no es seguro que la inversión que lleve a cabo sea socialmente más rentable que la que financia la inversión del Estado dedicada a la provisión de bienes públicos de todo tipo.
Los recursos públicos que ahora se inviertan en renta variable se van a dedicar necesariamente a la especulación financiera. Es algo ya perfectamente conocido e indiscutible que, hoy día, la bolsa ha dejado de ser un ámbito dirigido a la financiación de la actividad productiva que llevan a cabo las empresas para convertirse fundamentalmente en un mercado especulativo que tiene un único fin en sí mismo: ganar dinero comprando y vendiendo papel, con independencia de lo que ocurra con las empresas.
Es más, al ser esto así, lo que ha generado es un incentivo perverso para éstas: las que cotizan en bolsa han de actuar para lograr optimizar su cotización más que para obtener resultados positivos desde el punto de vista productivo (casi siempre, de hecho, esto último –mantener empleo, vender más, conseguir mejores posiciones en el mercado...- incluso es negativo para la cotización).
En segundo lugar, acudir al mercado de renta variable y renunciar a financiar con esas reservas los títulos de renta fija que suelen estar vinculados a la inversión pública en bienes sociales, significa renunciar expresamente a la expansión del Estado de Bienestar y al aumento de la cobertura de bienes públicos que garantiza la satisfacción de las necesidades (principalmente de los más desfavorecidos) que no puede cubrir el mercado.
Estando España aún muy lejos de los niveles medios de gasto y protección social europeos, ¿por qué no utilizar estos fondos para financiar a medio y largo plazo las infraestructuras sociales materiales y sociales de todo tipo de las que aún carecemos, al menos en los mismos niveles que los que disfrutan los ciudadanos de los países europeos más avanzados?
Teniendo como tiene España los niveles más bajos de gasto social sobre el PIB de la Unión Europea de los 15, ¿cómo podemos aceptar considerar como “sobrantes” las reservas de la Seguridad Social?.
Y teniendo en España una presión fiscal más baja que los países más avanzados de nuestro entorno y un sistema fiscal más injusto, ¿cómo se puede decir que no se pueden utilizar los impuestos (que es la vía más eficaz de lograr la equidad en las sociedades modernas y democráticas) para financiar las pensiones, que en España son mucho más bajas que en el resto de los países más avanzados social y económicamente?
En tercer lugar, hay que criticar el proyecto gubernamental porque se basa en una filosofía que utiliza el concepto de reservas y el de su rentabilización como presupuesto de la financiación futura del sistema de pensiones, lo cual es una falsedad y un perversión inaceptable.
Todo el mundo ha oído hablar de esas reservas como de “la hucha” de la Seguridad Social y ese es un término perverso e inaceptable.
Esta filosofía no es nueva sino que proviene de los pactos que mencioné al principio y que implicaron vincular la financiación del sistema a las cotizaciones sociales.
De esa manera se hizo depender solamente de factores demográficos y de las condiciones del mercado de trabajo y se desvinculaba de las decisiones globales de gasto e ingresos del Estado y, en particular, del sistema fiscal, de los impuestos, o lo que es lo mismo, de la contribución solidaria de todos los ciudadanos en función de su renta o riqueza.
Dicho de manera clara y coloquial, se forzó el divorcio entre las pensiones pensiones públicas y las decisiones políticas de gasto del para que se nos quitara de la cabeza la idea de hacer pagar más a los más ricos para poder financiar mejor las pensiones de los más pobres.
Es muy importante darse cuenta que, al contrario de lo que se viene diciendo, las reservas de la Seguridad Social no son la “hucha” de la que depende que puedan financiarse en el futuro.
En realidad, la única hucha verdadera de las pensiones es la solidaridad de los ciudadanos: las pensiones públicas se financian o no y eso se hace en una u otra magnitud según lo que los ciudadanos decidamos. Podemos decidir que cada cual se financie la pensión que pueda con su ahorro (que es lo que quieren los ricos) o se puede decidir que se establezca un sistema solidario que implica una redistribución de la renta de los que más tienen a los que menos, a través, principalmente, de los impuestos.
¿A alguien se le pasa por la cabeza que la administración de justicia, la policía, el ejército o la jefatura del Estado existan o dispongan de recursos solo si tiene saldos positivos entre los ingresos o los gastos que generen? No es eso lo que ocurre: existen y las financiamos porque queremos financiarlas y porque queremos que existan. Y como lo queremos, contribuimos con nuestros impuestos y dedicamos recursos a su funcionamiento.
Eso mismo debería ocurrir, y ha ocurrido hasta hace poco, con las pensiones públicas.La existencia de pensiones públicas no fue el resultado de que en un momento dado existiera un saldo financiero positivo entre las cotizaciones y el gasto que supusieran y que haya que ir rentabilizando poco a poco. Fueron el resultado de un pacto social en virtud del cual se establecía que la sociedad como un todo y en virtud de la renta o riqueza de cada uno de sus ciudadanos, contribuye a financiarlas a través del Estado.
Lo que ha sucedido es que a partir de un determinado momento se han impuesto unos valores sociales en cuya virtud no importa que los Estados se gasten cada vez más dinero en armamento o que dejen de recibir menos ingresos fiscales provenientes de las grandes empresas y de los ricos y que, por el contrario, rechazan que se gaste dinero en satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos.
En contra de lo que se nos quiso hacer creer, lo que se puso en crisis hace unos años no fue la situación financiera del sistema público de pensiones sino ese pacto social y el principio moral de solidaridad que implica y requiere.
En cuarto lugar, el proyecto del gobierno es también rechazable porque ni siquiera es valiente a la hora de establecer criterios firmes de responsabilidad social para la inversión que se realice.
Si de verdad desea fomentar inversiones “responsables” o sostenibles, ¿por qué no se plantea invertir directamente en fondos éticos o por qué no expresa taxativamente el tipo de inversiones a donde no se podrá dedicar el dinero público?
Y, sobre todo, ¿cómo es que un gobierno progresista puede aceptar compatible con la responsabilidad social la pura especulación financiera en que se ha convertido hoy día la inversión a la que va a dedicar parte de los fondos de nuestra seguridad social?
Y es más, ¿acaso es compatible invertir en fondos socialmente responsables a través de gestoras que no lo sean? ¿O es que de verdad va a ser capaz el gobierno de dejar fuera de la gestión de esos fondos a las entidades vinculadas a bancos (como el Santander o el BBVA) que están implicadas en inversiones sucias en paraísos fiscales o en armamentos deleznables como las bombas racimo o cuyas conductas transgreden ostensiblemente la ética y la sensibilidad social (como el Tribunal Supremo reconoció en el caso del Banco de Santander)?
En quinto lugar, el proyecto de ley también es rechazable porque, se mire por donde se mire, la inversión en renta variable es intrínsecamente más arriesgada que la demás y se oculta que son ya incontables los fondos de pensiones que han sufrido pérdidas millonarias como consecuencia de los vaivenes especulativos del mercado.
El propio ministro Solbes tuvo un verdadero lapsus en una entrevista reciente cuando decía que esta inversión no tiene que suscitar ningún temor porque será en pequeño porcentaje y “si se hace bien”, aunque él mismo reconocía que puede haber gestoras que lo hagan mal (El País, 12 de junio de 2007).
Aunque sea en una proporción pequeña en relación con el total, nadie asegura que no vaya a ser mayor en el futuro (de hecho, Solbes ha adelantado que será del 10% pero los propios sindicalistas se apresuraron a señalar que ese porcentaje había que negociarlo, y de hecho se había informado que sería bastante mayor). Y, en todo caso, se trata de un volumen muy importante de recursos financieros, más de 4.000 millones de euros, de momento.
Finalmente, hay que considerar que con este proyecto el gobierno opta claramente por la especulación y renuncia a utilizar la bolsa de valores y la financiación a través de la renta variable como lo que inicialmente es: un medio de proporcionar financiación a las empresas, de convertirse en sus propietarios.
De hecho, expresamente se renuncia a ello en el proyecto de ley y, al hacerlo, se está asumiendo que la bolsa no es sino una fuente de rendimientos a través básicamente de la especulación, de la compra y venta de títulos sin más objetivo que obtener ganancias de la variación que se produzca en sus cotizaciones.
De esta forma, por tanto, el gobierno español, pasará a constituirse en una fuente más de especulación financiera y, por tanto, de inestabilidad en los mercados y de desincentivo de la actividad productiva que son, por cierto, los mayores enemigos de del crecimiento generador de riqueza y empleo sobre el que mejor se puede sostener un sistema público de pensiones menos costoso.
No hay que llevarse a engaño, pues. El proyecto del gobierno es un pequeño paso más hacia la privatización, y éste, además, es un paso especialmente arriesgado, aunque también especialmente atractivo para quienes gestionen los inmensos fondos de la seguridad social, el botín detrás del cual andan desde hace años las entidades financieras e incluso algunos grandes sindicatos.
En todo caso, no es de extrañar que el gobierno dé un paso de este tipo cuando el jefe de los asesores económicos del presidente, David Taguas, es un antiguo empleado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que desde hace tiempo está especialmente atraído por los fondos de pensiones, y un neoliberal confeso que recientemente ha defendido la privatización del sistema (soslayando los argumentos científicos que ponen de relieve sus inconvenientes), el paso a un mecanismo de capitalización (sin considerar todos sus costes) y el aumento de la edad de jubilación (que supone un verdadero impuesto para los trabajadores más desfavorecidos) al mismo tiempo que renuncia a los impuestos progresivos como fórmula de financiación del sistema.
Yo quiero creer que el Presidente Rodríguez Zapatero, como la mayoría de su gobierno, desea llevar a cabo políticas sociales y defender principalmente a los más desfavorecidos de la sociedad española pero el problema es que para ello no basta con palabras. Y, sobre todo, que es muy difícil que eso pueda realmente salir adelante cuando se rodea de asesores liberales que torpedean continuamente las propuestas más progresistas de los demás miembros del gobierno.
A eso se dedicó antes Miguel Sebastián y ahora su sucesor y los resultados están a la vista: proyectos sociales que terminan sin presupuesto o recortados hasta desdibujarlos casi por completo, haciéndoles perder su alcance social original.
Claro que si no es extraño que un gobierno progresista que se deja caer en manos neoliberales termine haciendo política neoliberal, mucho menos lo es que mucha gente de izquierda se quede en su casa en lugar de votar a los partidos que sostienen a gobiernos que tan claramente asumen las propuestas de la derecha que convienen fundamentalmente a los financieros más poderosos.
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