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Se están celebrando estos días diversas actuaciones judiciales que
tienen como protagonista al banquero más rico de España, Emilio Botín,
y que comienzan a poner aún más a las claras que los poderes de la
democracia pueden llegar a ser completamente inútiles frente a los del
dinero y las finanzas.
De salir adelante las argucias jurídicas de
Botín podremos decir sin ninguna duda que la democracia y la justicia
españolas han sucumbido sin remisión ante la ambición y el poder de una
banca que no duda en realizar todo tipo de negocios turbios para ganar
más y más dinero cada año. Los hechos son expresivos por sí mismos y me
limito a exponerlos para que los lectores saquen sus propias
conclusiones.
El caso de las “cesiones de crédito”
Hace
unos doce años, se presentó una querella contra el banco de Botín “por
un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un
producto de ahorro llamado cesiones de crédito, de carácter opaco”
(CINCO DÍAS, 23-11-2006).
Las operaciones que llevó a cabo el
banco de Botín las resumía de la siguiente manera el diario digital EL
CONFIDENCIAL: “Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca
de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes
financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de
un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que
circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que
iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes (...)
El banco entregó
al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que
representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en
marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones
directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles
de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y
documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que
esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los
verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares
de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en
España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de
empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación
alguna con la entidad, etcétera” (EL CONFIENCIAL, 21 de septiembre
2006).
Según este mismo diario, en atención a esa conducta, la
acusación solicitó para el presidente del Santander “un total de 170
años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334
pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros
(14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación
a la Hacienda Pública” (EL CONFIENCIAL, 21 de septiembre 2006).
Pues
bien, ante una conducta de este tipo y ante unos presuntos daños tan
inmensos para la Hacienda Pública los hechos son los siguientes:
1.
La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, HA
PEDIDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA EN SIETE OCASIONES (EL PAIS, 23 de
noviembre de 2006).
2. El Ministerio Fiscal (que actúa a las
órdenes del Gobierno) mantiene que “sólo puede formular acusación quien
tiene derecho a ello", es decir, la Hacienda Pública. Pero como esta no
presenta acusación, el Fiscal argumenta que "no se tiene el derecho a
que se declare inocentes o culpables” y, en consecuencia, también viene
solicitando el sobreseimiento, en este caso EN QUINCE OCASIONES a lo
largo de los doce años que se llevan de procedimiento (EL PAIS, 23 de
noviembre de 2006).
¿Hace falta algún comentario más para determinar la naturaleza de estos hechos?
El caso de la compra de Banesto por el banco de Botín
Hace
unas semanas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió
diligencias previas para determinar si encausaba a Botín y a otras 21
personas entre las que se encuentra el ex gobernador del Banco de
España Luis Angel Rojo (quien, por cierto, fue nombrado recientemente
por Botín miembro del consejo de administración de su banco).
La
motivación de la querella es impresionante: “la supuesta apropiación
indebida de 4.507 millones de euros (750.000 millones de pesetas)
pertenecientes a Banesto (...) sobre cuyo paradero no han dado la menor
información a los accionistas, a la Hacienda Pública o al mercado". (EL
ECONOMISTA 16 de octubre de 2006).
El querellante acusa a los
responsables del Santander, con Botín a la cabeza, de “un total de 11
delitos: apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en
documento mercantil, revelación de secretos, uso de información
privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas,
cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos,
delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas” (EL
ECONOMISTA 16 de octubre de 2006).
En concreto, “se acusa a
Botín y al resto de querellados de cometer un delito fiscal por más de
262.000 millones de pesetas (1.574 millones de euros), así como de
malversar caudales públicos en beneficio del Banco Santander y de los
propios querellados por un importe superior a los 327.000 millones de
pesetas (1.965 millones de euros)”.
Según informó la prensa
esta querella “recoge que los acusados ocultaron el destino de las
‘cantidades ingentes’ que cobraron correspondientes a multitud de
créditos, préstamos y otros activos de Banesto. Según Pérez Escolar, se
trata de partidas que deberían constar de manera indeleble en la
contabilidad de Banesto, pero se enmascararon tras múltiples artificios
con el propósito de no dejar rastro de su existencia” (EL ECONOMISTA 16
de octubre de 2006).
Para que los lectores de esta nota se
hagan una idea de lo que hay detrás de esta querella transcribo
literalmente algunos de sus párrafos:
“Mi mandante (se refiere
al querellante) no ha recibido contestación alguna ni cualquier
explicación que justifique, aunque sea de lejos, lo que no dudó en
calificar como ‘el mayor fraude mercantil y tributario en la historia
universal de las finanzas’. Los querellados, especialmente los Botín y
el ex Gobernador Rojo, no lo han explicado de cualquier manera, sin
duda porque tan descomunal latrocinio no admite la menor explicación,
al menos en términos que puedan comprender de alguna manera tanto el
Fisco como los accionistas expoliados de Santander y de Banesto. Por lo
que habrá de ser en sede judicial donde se dilucide con la profundidad
requerida un asunto tan turbio y de tanta gravedad como el que
denunciamos. Diremos como remate que Rodríguez Cantarero,
inmediatamente después de reconocer judicialmente la enorme magnitud de
lo desaparecido, los 750.000 millones que él mismo precisó ante la
autoridad judicial, fue cesado en su cargo de consejero de Banesto”
(negrita en el escrito original).
Y para que tengan una idea del
tipo de operaciones de las que se acusa a Botín, y de lo fácil que
sería determinar si realmente constituyen o no un delito, transcribo un
caso que se hizo especialmente llamativo.
Según informó el
diario digital EL CONFIDENCIAL “en la querella se dice que Alfredo
Sáenz, como administrador provisional designado por el Banco de España,
y su equipo gestor, ‘adulteraron la contabilidad social de manera que
gran número de elementos patrimoniales elegidos al azar recibieron la
calificación de activos dañados, cuando se trataba de préstamos y
créditos garantizados plenamente’ (...)
Tales activos fueron
‘drásticamente provisionados por Sáenz, de modo que su valor neto
contable quedó reducido las más de las veces a una peseta, aunque
después Banesto recuperó su valor íntegro’, sin que los accionistas
presentes y pasados hayan podido conocer el destino de esas partidas.
Como ejemplo, Escolar cita el caso del crédito otorgado al grupo Villar
Mir por importe de 17.450 millones de pesetas, que, a pesar de contar
con máxima garantía hipotecaria, incluso con fianza solidaria del
propio Villar Mir y su esposa, fue contabilizado por 1 peseta. El
empresario terminó abonando religiosamente principal e intereses hasta
una suma cercana a los 25.000 millones, recuperación que “se ha
ocultado en las cuentas presentadas a los accionistas” (EL CONFIDENCIAL
10 de octubre de 2006).
Pues bien, ante la suma de todas estas
acusaciones la sorpresa increíble es que, también en este caso, el
Fiscal solicitó el pasado día 22 de noviembre que se archivara la
querella porque, en su opinión, los hechos “no son constitutivos de
delito alguno” (Cinco Días 22 de noviembre de 2006).
Tampoco
creo que sea necesario ningún otro comentario. El poder del dinero es
ingente y suele habitar en las sombras, en las cloacas de la sociedad
mejor dicho, pero al final no puede disimularse.
Lo que ocurre
en nuestra época no es nuevo pero conviene decirlo y recordarlo: un
banquero puede acabar con la democracia. Este es el mensaje. Pero que
nadie se equivoque. El mal no está sólo en él sino también en quienes
le ayudan desde las instituciones y los gobiernos, bien por
complicidad, bien por cobardía o por simple ineptitud.
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